Una red de cheques, punteros y favores: la trama detrás de la estafa con planes sociales

Sandra Pérez, una empleada administrativa del Estado neuquino desde 1998, conoce de primera mano las prácticas históricas en torno a la gestión de planes sociales. Su testimonio, brindado este lunes en la sexta audiencia del juicio por presunta estafa con fondos estatales, arrojó luz sobre un mecanismo naturalizado durante años: el uso de cheques a nombre de empleados públicos para retirar dinero y entregarlo a superiores, sin recibos ni constancias.

En su declaración, Pérez explicó que durante 2020, 2021 y parte de 2022 llegó a cobrar hasta seis o siete cheques mensuales a su nombre. Luego los entregaba directamente en la oficina de Planes Sociales, en calle Rivadavia 46, a jefes como Pablo Sanz, Lucía Soto o Analía Scherer. 

El dinero era colocado "en una caja azul sobre el escritorio", pero jamás le informaron el destino de esos fondos. "Era una orden de trabajo más", respondió cuando el fiscal Pablo Vignaroli le consultó por qué aceptó la maniobra.

Un sistema normalizado

Según relató, los cheques llegaban ya con un primer endoso y ella realizaba el segundo para cobrarlos por ventanilla en el Banco Provincia del Neuquén (BPN). "Pregunté si eso podía traerme problemas. Pablo Sanz me dijo que no, que otros compañeros lo hacían también", declaró. Nunca firmó constancia por el dinero entregado ni recibió justificación de por qué debía hacerlo.

Pérez señaló que esa lógica de manejo de dinero público no era nueva. Ya en 2007, cuando trabajaba en Capacitación y Empleo, cobró "cheques globales" por montos de hasta $49.000 (el equivalente a unos 15.000 dólares de hoy), que luego debía distribuir en comunidades rurales y mapuches, cuando los beneficiarios cobraban apenas $150.

Favores cruzados y punteros

Durante la pandemia, compañeros de trabajo le ofrecieron a Pérez la posibilidad de incluir a su hijo mayor y a su nieto en planes sociales, ya que ambos atravesaban dificultades económicas. Fue Cristian Javier Vergara quien gestionó las inscripciones. 

Ella entregó la documentación y tramitó las tarjetas de débito, pero luego se las cedió a Vergara, quien retiraba el dinero y le entregaba solo una parte: unos $8.000 por cada uno, sin que ella supiera el monto total depositado.

La empleada explicó que los listados de nuevos beneficiarios llegaban a través de "referentes barriales" -una forma edulcorada de punteros- que acercaban papeles con 15 o 20 nombres. Esa información era recibida por Marcos Osuna, cargada en el sistema, y luego elevada a Pablo Sanz. Pero quien decidía el ingreso final era, según Pérez, Ricardo Soiza, entonces director del área.

"Yo no entendía que estaba mal"

Sandra Pérez contó que recién comprendió el trasfondo de lo que hacía en 2023, cuando ya había vuelto a trabajar presencialmente. Una cuñada de su hija le mandó una foto que salía en el diario: un operativo en la Subsecretaría de Trabajo, con un policía saliendo con una CPU. 

El titular hablaba de una gran estafa con planes sociales. "Ahí entendí que tenía que ver con los cheques que yo cobraba", dijo con angustia.

Hasta hoy, no fue citada a declarar por su situación personal ni se le comunicó si hay cargos en su contra. Solo fue notificada de un sumario por cobrar un plan social que asegura nunca haber pedido.

Una red interna con nombres propios

Durante su testimonio, Pérez mencionó a varias personas vinculadas a la operatoria:

• Pablo Sanz, uno de los jefes del área, le entregaba los cheques y daba luz verde.

• Lucía Soto y Analía Scherer, recibían el dinero en la oficina.

• Javier Vergara, quien le ofreció planes para sus familiares y administraba las tarjetas.

• Marcos Osuna, a cargo del sistema informático, vinculaba listados con "referentes".

• Ricardo Soiza, quien tenía la decisión final sobre los beneficiarios.

• También nombró a Carolina Cuello, Liliana Landaeta, y a un chofer que transportaba documentación.

A pesar de la gravedad de los hechos, Pérez describió a Soiza como una persona "de buen trato" y aseguró que jamás recibió amenazas. Lo que predominaba, dijo, era la naturalización: "Todos lo hacían. Era parte del trabajo".

El trasfondo político: votos a cambio de ayuda

Durante la misma audiencia, una joven vecina de Toma Norte declaró que su hermana participaba en campañas políticas para el MPN y que era habitual entregar listados con personas que, a cambio de apoyo electoral, accedían a planes sociales. 

Esta práctica, conocida como "voto seguro", consiste en garantizar el sufragio de ciertos sectores a cambio de beneficios.

Otra testigo reveló que había cedido su tarjeta y clave bancaria como condición para recibir ayuda social, y que recibía una suma fija muy inferior a lo que realmente se depositaba. Luego supo que incluso le habían dicho qué debía decir si era citada por la Justicia.

Además, se descubrió que muchas personas tenían cuentas abiertas en el BPN sin haberlas solicitado, en las que se depositaban planes que jamás pidieron. En algunos casos, las punteras decidían a qué cuenta iba el dinero y obligaban a las beneficiarias a mantener cuentas paralelas para no interferir con otros beneficios, como la AUH.

¿Corrupción estructural?

El juicio ya tiene a 14 imputados y tres exfuncionarios detenidos: Ricardo Soiza, Pablo Sanz y Marcos Osuna. La fiscalía investiga una posible asociación ilícita dentro del Estado, que usó los planes sociales como moneda de cambio político, gestionó fondos públicos sin control y aprovechó la vulnerabilidad de miles de personas.

Lo que comenzó como una denuncia por desmanejos administrativos hoy expone una trama más profunda: cómo se tejió una red de clientelismo con dinero del Estado y a costa de los sectores más vulnerables. 

La Justicia deberá determinar si se trató de un sistema planificado desde la jerarquía del organismo o de una cadena de responsabilidades diluidas en la costumbre.

Fuente: Medios