Detalles inéditos de la estafa con planes sociales: nuevos testimonios clave en el caso

Este jueves, en una nueva audiencia del juicio por la millonaria estafa con los planes sociales del ex Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, declaró un ex empleado del área que fue despedido en 2022 tras el estallido del escándalo. Su testimonio aportó nuevos detalles sobre el funcionamiento de la llamada "caja azul", una red de recaudación de dinero paralelo que -según denunció- era administrada por el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, y el exjefe de Fiscalización, Pablo Sanz.

El testigo, que ingresó al organismo en 2016 a través de una militante barrial del Movimiento Popular Neuquino (MPN), dijo haber aceptado el trabajo con la esperanza de acceder a un pase a planta permanente, lo que nunca ocurrió.

Fue desvinculado en agosto de 2022, cuando comenzaron las investigaciones por las maniobras ilegales que hoy tienen a varios ex funcionarios y punteros imputados.

Una sofisticada mecánica para estafar

Durante su declaración, explicó cómo se le pidió que deposite mensualmente cheques de 49 mil pesos en su cuenta sueldo, para luego retirar el efectivo y entregarlo a la oficina de Sanz.

Allí, con una máquina contadora, armaban fajos de dinero que colocaban en sobres con distintas inscripciones: "Gastos Cochera", "Gastos Faraón" (en referencia a un restaurante que sería propiedad de Sanz), y otros destinados a efectivos policiales que hacían adicionales en el ministerio.

Pero la mecánica se fue sofisticando: según indicó, por orden de Soiza se comenzó a reclutar a familiares, amigos y parejas para que tramiten tarjetas de débito a su nombre.

Con los datos y claves, el propio empleado se encargaba de hacer extracciones en distintos cajeros del Banco Provincia de Neuquén, usando hasta 20 tarjetas por día. Por esta tarea, que incluía recorridas por el centro, Godoy e incluso la Isla 132, le pagaban un adicional en efectivo de 20 mil pesos, sin recibo ni formalización.

Reconoció que sus allegados cobraban apenas $6.000 por mes por "prestar" sus datos y que las tarjetas quedaban en poder del ministerio. "Las ordenaban por terminación de DNI. Yo hacía las extracciones en varios cajeros, porque me habían dicho que no las hiciera todas juntas", contó.

La Fiscalía presentó imágenes captadas por el sistema de seguridad del BPN que lo muestran realizando esas extracciones.

Malos tratos, amenazas y violencia

Relató que, tras el inicio de la pandemia, el personal del área se redujo drásticamente, por lo que tuvo que cubrir más tareas administrativas, trabajar fuera de horario y llevar trabajo a su casa. La presión también aumentó: dijo haber recibido instrucciones para borrar evidencias antes de los allanamientos.

"Osuna nos citó en una plaza y nos avisó que limpiemos las casas. Después tenía que mandar mensajes cada 15 o 20 minutos con la palabra ‘OK'", relató.

En su testimonio, también apuntó directamente contra Soiza, Sanz y Marcos Osuna, y señaló al exfuncionario Luciano Palma como el "cabecilla máximo" de la organización. Describió escenas de malos tratos, amenazas y "grupos de choque" liderados por referentes barriales como Esther Villalobos, a quienes vinculó con prácticas violentas.

El arrepentido dijo haber sentido temor por la implicación de sus padres, quienes accedieron a los planes pese a ser jubilados, y por la exposición que significaba usar sus propias cuentas para una maniobra que sabía irregular.

"Sabía que estaba mal, pero Soiza tenía la lapicera y podía sacarte de la planta política en cualquier momento", aseguró.

Actualmente desempleado, el testigo dijo que sólo trabaja cuidando una casa dos veces por semana. Aseguró haber decidido declarar "para contar su verdad", y que muchos de los que participaron eran empleados precarizados que fueron usados para ejecutar órdenes sin poder negarse.

Audiencia clave: otro testimonio que se suma

Claudia Jara, auditora de la Contaduría General de la Provincia, declaró este jueves en el juicio oral por la estafa con planes sociales en el ex Ministerio de Desarrollo Social, causa en la que hay 14 personas imputadas por el desvío de fondos públicos entre 2021 y 2022.

Durante su testimonio, Jara afirmó que en sus 15 años de experiencia nunca había detectado irregularidades tan significativas como las que encontró al auditar el pago de subsidios de capacitación para personas desocupadas.

Según explicó, en julio de 2022 asumió la auditoría de ese programa tras la jubilación del contador José Arteaga, quien estaba a cargo hasta ese momento.

Falta de datos, cheques inconsistentes y beneficiarios sin justificar

La profesional detalló que los pagos se realizaban mediante anticipos del Tesoro Provincial, que luego debían ser rendidos por el Ministerio. 

En una de sus auditorías, correspondiente a enero de 2022, Jara identificó serias inconsistencias: de un total de 4518 personas registradas como beneficiarias, sólo había constancia del pago a 3681, y los cheques emitidos no coincidían con los registrados.

Pese a que el monto total de 48,5 millones de pesos era correcto, faltaban 837 registros individuales y parte de la documentación requerida.

El Ministerio atribuyó estos errores a una falta de compatibilidad entre los sistemas informáticos: mientras la Contaduría usaba el SICOPRO, el Ministerio empleaba un software propio, Admix, por la gran cantidad de beneficiarios.

Tras observaciones desfavorables, se ajustó la documentación y los datos comenzaron a coincidir con los resúmenes bancarios. Sin embargo, las irregularidades no terminaron allí.

Empleados públicos entre los beneficiarios

Durante el proceso de auditoría, Jara detectó un nuevo problema: algunas personas que figuraban como beneficiarias de subsidios por desempleo eran, en realidad, empleados públicos provinciales. Entre los nombres que mencionó figuran Valeria Honorio, Walter Jonsson, Pablo Sanz y Analía Scherer, quienes habrían recibido entre 9 mil y 49,5 mil pesos mediante cheques.

Consultada por la defensa, la testigo aclaró que no podía confirmar si esas personas habían cobrado efectivamente los cheques o si habían sido endosados. Solo podía dar fe de que los documentos estaban emitidos a su nombre.

Auditorías sistemáticas y silencio institucional

Jara explicó que realizó seis auditorías entre enero y julio de 2022. En cinco de ellas, emitió devoluciones desfavorables debido a las inconsistencias encontradas. Según detalló, una vez realizadas tres observaciones negativas, la Contaduría debe elevar los informes a la Fiscalía de Estado. "Nuestra competencia llega hasta ahí", explicó.

En julio, tras el cambio de autoridades por el escándalo público, la auditoría ya no presentó irregularidades. Sin embargo, la observación sobre los pagos a empleados públicos fue respondida con una nota ambigua firmada por Germán Chiapino, quien había asumido el cargo de ministro tras la salida de Abel Di Luca. 

En la misiva, Chiapino señaló que los programas sociales buscaban atender emergencias económicas y que "en ocasiones se otorgaba más de un subsidio para amortiguar la crisis", sin dar respuesta concreta al señalamiento sobre incompatibilidades con el empleo público.

El juicio continúa y se espera que en los próximos días se incorporen más testimonios claves sobre el manejo de fondos públicos en uno de los casos de presunta corrupción más delicados en la historia reciente del Estado neuquino.

Fuente: Medios