Juicio por estafa con planes sociales: hay nuevas pistas sobre el destino del dinero
En la décima audiencia, la Fiscalía citó a testigos que vinculan a Pablo Sanz e Isabel Montoya con la compra de un lote en un country de Plottier y la apertura de un centro de estética. Buscan determinar si parte del dinero desviado fue utilizado en esas operaciones. El fraude supera los mil millones de pesos.
Este viernes se desarrolló la décima audiencia del juicio por la millonaria estafa con planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén. En esta instancia, la Fiscalía de Delitos Económicos presentó a dos testigos que podrían aportar las primeras pistas sobre el destino del dinero desviado, que asciende a un monto actualizado de mil millones de pesos.
Uno de los testimonios clave fue el del socio gerente de una empresa que administra consorcios, incluido el barrio cerrado Fincas del Nogal, en Plottier. Según explicó, en mayo de 2022, el exdirector de Fiscalización Pablo Sanz y su pareja, Isabel Montoya -ambos imputados en la causa- se presentaron como nuevos propietarios de un lote en ese country.
El testigo aportó un contrato de compra presentado por Montoya vía correo electrónico, en el que adjuntó su DNI, el de Sanz, y solicitó una cuenta para el pago de expensas.
En el documento consta que la mujer, de estado civil soltera, compró el terreno por 34 mil dólares, abonados en tres cuotas de ocho mil dólares en efectivo y un auto modelo 2017, valuado en diez mil dólares. La parcela, no obstante, permanece baldía y aún no está escriturada a nombre de Montoya.
La Fiscalía también convocó a un inspector de Comercio del municipio de Centenario, quien relató que Montoya inició el trámite para abrir un centro de estética en esa ciudad. La habilitación se concretó tras superar una inspección edilicia y realizar mejoras en el local, en julio de 2022.
La investigación continúa
Aunque los fiscales no indagaron directamente sobre el origen de los fondos, buscan determinar si los imputados habrían utilizado parte del dinero de los subsidios para realizar estas operaciones comerciales. Recién en los alegatos finales podría aclararse si la hipótesis de lavado de activos forma parte del caso.
Hasta el momento, continúa sin conocerse con certeza el paradero del dinero que debía llegar a personas desocupadas.
Según testimonios de imputados arrepentidos, el dinero se retiraba en efectivo de cajeros automáticos y era fajado en montos de cien mil pesos. Luego se guardaba en una "caja azul" desde la cual se armaban sobres para diversos destinos, con etiquetas como "Gastos Cochera", "Gastos Faraón" o con nombres propios.
Parte de esos fondos, indicaron, se llevaba a la oficina del exfuncionario Ricardo Soiza y hasta se habrían utilizado para pagar adicionales de la Policía.
Además, en la audiencia declararon auditores de la Contaduría General de la Provincia, quienes señalaron que ya en el primer semestre de 2022 habían emitido informes desfavorables sobre el manejo de los subsidios para desocupados.
Entre las irregularidades detectadas, mencionaron que incluso empleados públicos -como el propio Sanz- figuraban como beneficiarios de los planes sociales.
Fuente: Medios
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