Judiciales

El escrito señala episodios de abuso de poder, como el reciente maltrato a una defensora pública en audiencia, y otros antecedentes de violencia laboral.

El juicio por abuso de autoridad contra dos exfuncionarios del Centro de Operaciones de Emergencias en Córdoba terminó con un sobreseimiento unánime. El padre de la joven anunció que apelará la decisión.

Un grupo de fiscales, defensores y jefes judiciales presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, acusando a Betiana Cendón de maltrato psicológico, discriminación y presunta manipulación de expedientes para favorecer a allegados.

El Ministerio Público Fiscal había solicitado la inhabilitación electoral, y los jueces Corcuera, Bejas y Dalla Via confirmaron la sentencia. El fallo impide a la expresidenta votar en las próximas elecciones.

Se le imputan extracciones indebidas de cuentas de clientes y violación de deberes de funcionario público. La Justicia consideró que actuó con un plan deliberado y en beneficio propio.

Secuestraron celulares, computadoras y folletos falsos durante los operativos en las casas de los dos acusados. Investigan si armaron una agencia ficticia para estafar a familias con paquetes turísticos que nunca se concretaron.

Guillermo Díaz, titular de Age Desarrollos, fue imputado por dirigir una organización que captaba inversores con falsos emprendimientos habitacionales. El caso marca un precedente judicial por la gravedad del fraude y la medida cautelar dictada.

El colectivo quedó varado por falta de combustible y, tras discutir con choferes, lo hicieron bajar de madrugada en la ruta.

La fiscalía federal ordenó allanamientos en los domicilios de los hermanos Kovalivker y del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se secuestraron correos, expedientes y una caja con 80.000 dólares. La causa mantiene bajo investigación a altos dirigentes del oficialismo.

A pesar de que Carlos Rothlin incumplió la prohibición de acercarse a la denunciante, una jueza determinó que el encuentro fue fortuito. Rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía.

Un Jurado destituyó al juez laboral de Viedma, Gustavo Guerra Labayén, por no cumplir de forma reiterada con los plazos para emitir sentencias. La inhabilitación para ocupar cargos judiciales se extiende por cinco años.

La joven habría quedado embarazada como consecuencia del hecho. La madre de la menor pidió que se indague la responsabilidad de un hombre mayor de edad, señalado como el presunto autor.

Axel y Facundo Dinamarca Arcos recibieron penas de 5 años y 4 meses y de 3 años y 2 meses de prisión efectiva. Habían asaltado a un adolescente y luego intentaron robar una moto.

Un fallo reciente en la Patagonia deja claro que el conductor responde por accidentes, aunque no cobre el viaje. La seguridad y la responsabilidad van primero. Puede haber condena e indemnización.

El consultor de La Libertad Avanza declaró ante el fiscal Picardi y ratificó que Diego Spagnuolo le habló de hechos de corrupción, aunque aseguró no haber participado de la filtración de los audios que desataron el escándalo.

La medida fue dispuesta por el juez subrogante Gustavo Zapata a pedido de la fiscal Ángela Pagano Mata, en el marco de una causa declarada "caso complejo".

La firma Viviendas del Valle S.R.L. fue condenada tras la denuncia de una vecina que había pagado por su casa, pero nunca vio iniciada la obra.

El debate se extendió del 21 de julio al 10 de septiembre y se convirtió en el más prolongado desde que rige el nuevo Código Procesal Penal. El veredicto se conocerá en los próximos días.

La familia de Ronald Biglione demanda a AstraZeneca. Alegan que el deportista falleció por una reacción adversa a la vacuna contra el COVID-19, la cual le habría causado púrpura trombótica trombocitopénica.

En sus últimas palabras ante el tribunal, el ex funcionario rechazó haber manejado expedientes de planes sociales, cuestionó a los arrepentidos y criticó al fiscal Vignaroli por su alegato. Admitió la entrega de cheques a grupos que presionaban al gobierno, aunque la definió como una tarea política.

La defensora sostuvo que no hubo pruebas firmes contra la joven madre de tres hijos y acusó a la Fiscalía de construir la causa en base a su relación sentimental con Pablo Sanz. También expuso el impacto del proceso en sus hijos, que sufrieron bullying escolar.